Catalá da un paso más en la restricción a los pisos turísticos: un 2% máximo de las viviendas por barrio

El Ayuntamiento de Valencia de María José Catalá ha dado un paso más en su normativa para frenar la proliferación de apartamentos turísticos. Y es que la comisión de Urbanismo ha aprobado, con los votos de PP y Vox mientras PSOE y Compromís han votado en contra, someter a exposición pública la nueva normativa urbanística para frenar la implantación de apartamentos turísticos en la ciudad.

Desde el consistorio de Catalá han criticado que, en los ocho años de gobierno de Compromís y PSOE, esta falta de normativa y control había provocado la proliferación de cientos de apartamentos turísticos en la ciudad. Ahora, el Ayuntamiento da un paso más que permitirá disponer de una normativa que impida la masificación de los apartamentos turísticos en los barrios de la ciudad.

La normativa urbanística someter a exposición pública, durante un periodo de 45 días, las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Valencia (PGOU) para la regulación de los alojamientos hoteleros y las viviendas de uso turístico. Además, también aprobará ampliar un año más la suspensión de licencias mientras se finaliza la tramitación de esta nueva normativa.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha explicado que con este nuevo trámite “el gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá muestra una clara voluntad de poner freno a la proliferación desmedida de apartamentos turísticos en Valencia, que cabe recordar es consecuencia sobre todo de que durante los ocho años de gobiernos de la izquierda no se hizo nada para limitarlos, y más bien se estimuló su crecimiento permitiendo que se implantará el uso turístico en los bajos de edificios y con una inspección de las actividades ilegales de apartamentos que fueron escasas o prácticamente inexistentes”.

La normativa que ahora se somete a exposición pública, tras la correspondiente tramitación y aprobación del procedimiento ambiental, conlleva la aplicación numerosos controles o limitaciones (candados administrativos) que tienen como objetivo, tal y como ha expresado el edil de Urbanismo, “conseguir un equilibrio sostenible en la oferta de apartamentos y plazas hoteleras.

“Nuestro objetivo – ha destacado Giner- es proteger al vecino y priorizar el uso residencial (la vivienda) y el comercio de proximidad (peluquería, cafetería, farmacia, clínica dental, el gimnasio, guarderías infantiles, etc) apostando por un modelo turístico sostenible y de calidad que sirva como estímulo de la economía la ciudad y que sirva también para generar nuevos puesto de trabajo, al tiempo que establecemos una regulación que reduzca el impacto que pueda tener el aumento descontrolado de los apartamentos turísticos en la oferta de viviendas residenciales”.

Controles administrativos

El próximo pleno del Ayuntamiento acordará someter a información al público y a consulta de las administraciones públicas afectadas el documento de la modificación puntual por un plazo de 45 días. En este periodo, cualquier particular podrá presentar observaciones, sugerencias o alegaciones al texto expuesto al público. Asimismo, de acuerdo con el artículo 68 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, se amplía por un año adicional la suspensión de licencias

Entre los controles que se aplicarían están la prohibición de la implantación de nuevas plazas turísticas en los distritos y barrios que superen el 8% de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto el número de vecinos empadronados.

Por otro lado, para evitar la pérdida del uso residencial en la ciudad y su sustitución por el uso turístico de forma generalizada, se establece una protección de la vivienda por el que el número de viviendas turísticas y apartamentos turísticos no podrán superar el 2% del número de viviendas residenciales de cada uno de los barrios.

La única limitación que hizo el anterior gobierno fue del 10% en el Cabanyal, ocho puntos por encima de la nueva limitación, que afectará a toda la ciudad de Valencia a excepción de Ciutat Vella que tiene su propia regulación que aprobó el actual gobierno.

Asimismo, se propone una protección del comercio, ya que se limita al 15% de locales existentes en cada manzana de viviendas donde se puede desarrollar una vivienda turísticas, de forma que el 85% de los locales estarán destinados a otros usos terciarios: oficinas, restaurantes, bares, peluquerías, ópticas, farmacias, clínicas, etc.