La Torre Foster, maldita en la Audiencia Nacional: líos por los alquileres de Pontegadea y el ‘pelotazo’ de Cepsa
El juez José Luis Calama ha formalizado una orden de busca y captura contra el expresidente de Cepsa por blanqueo de capitales y evasión fiscal por la venta de la torre Foster a Pontegadea, que, a su vez, ha naufragado en los tribunales en su plan para poder repercutir el IBI entre sus inquilinos
Imagen de archivo de la Torre Foster, anteriormente conocida como Torre Cepsa 7 Europa Press
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Con sus 248 metros, la Torre Foster de Madrid se erige como el segundo edificio más alto de toda España. Tan solo un metro la supera de los 249 hasta los que se proyecta su vecina Torre de Cristal, inaugurada también en 2008, que se sitúa como el inmueble que más cerca está de acariciar el cielo.
La Torre Foster conforma el ecosistema de las llamadas Cuatro Torres del barrio de La Paz de Madrid y en los últimos meses ha sido el escenario de algunas sonadas disputas judiciales en la Audiencia Nacional. La última ha tenido este mismo mes y pone en el foco a su último propietario previo al desembarco de Pontegadea.
Y es que el juez José Luis Calama ha ordenado la entrada en prisión provisional de Khadem Abdulla Khadem Butti Al Qubaisi. Se trata del expresidente de Cepsa (ahora conocida como Moeve) contra el que ha formalizado una orden de busca y captura internacional tras recibir un informe favorable por parte de la Fiscalía.
Esta orden se extiende también contra Naser Mohammed Naser Almur Alzaabi, considerado su testaferro y que, al igual que Al Qubaisi, se encuentra en paradero desconocido. Los dos se enfrentan a penas de hasta seis años de prisión por la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal con las plusvalías por valor de 100 millones generadas con la venta de la Torre Foster a Pontegadea.
“Al Qubaisi creó y utilizó instrumentalmente sociedades ad hoc para el blanqueo de capitales obtenidos a través de negocios jurídicos delictivos cometidos fuera de nuestro país, y eludió las obligaciones fiscales derivadas de la obtención de ganancias obtenidas dentro de nuestras fronteras con estos fondos ilícitos”, apuntaba el juez Calama en una resolución previa. “De esta manera, Al Qubaisi, mediante la utilización de una ingeniería jurídico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios en determinados ámbitos de nuestra economía, ha contribuido a oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas jurídicas y físicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal».
El reguero de compradores de la Torre Foster
Al Qubaisi alquiló la torre a Bankia en el año 2013. La entidad había heredado este inmueble de la época de Caja Madrid, que abonó 815 millones de euros a Repsol por hacerse con este inmueble que la petrolera llegó a proyectar como el lugar para su nueva sede antes de que un cambio de planes le hiciese escoger a Méndez Álvaro como su nueva casa.
En el contrato de arrendamiento entre Al Qubaisi y Bankia se contemplaba una opción de compra que finalmente se acabaría ejecutando en septiembre de 2016 a través de la sociedad Muscari. Sin embargo, inmediatamente después de cerrarse esta operación, la sociedad consumaría la reventa de este inmueble a Pontegadea por 490 millones de euros.
En este sentido, la investigación gira en torno a la obtención de los 400 millones de euros por parte de Muscari y el desfalco del fondo soberano malayo 1Malaysia Development Berhad (1MDB). De acuerdo al auto del juez Calama, la mercantil Vasco Investment Services SA “formaba parte del entramado societario al servicio de Al Qubaisi para el desvío de fondos de 1MDB”,. “Así, el origen de los fondos aplicados en España se encuentra en la cuenta abierta por esta mercantil en la entidad bancaria Edmond de Rothschild de Luxemburgo”, recoge el auto, que también apunta a un ejercicio de «ingeniería jurídico-societaria» con la creación de firmas instrumentales a través de las cuales se habría cometido un presunto delito de evasión fiscal.
El ‘portazo’ de la Audiencia Nacional a Pontegadea
Este no es la primera causa judicial sobre la Torre Foster que se dirime en la Audiencia Nacional en este 2025. Y es que la sección sexta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional desestimó el pasado mes de febrero el recurso planteado por Pontegadea para activar la división horizontal del inmueble con el objetivo de «poder repercutir con exactitud a cada uno de los inquilinos del inmueble el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) objeto de devengo por los metros que cada uno de ellos ocupa».
El brazo inversor de Amancio Ortega buscaba dividir este inmueble en 314 referencias catastrales, un plan que se ha topado con la negativa del director de la Agencia Tributaria Madrid y del Tribunal Económico-Administrativo Central al entender que este movimiento solo procede en el caso de que el propietario tenga en mente planes de venta del inmueble.
